Por Juan
Chirveches
Desde el fondo hondo del magma social, donde a lo
largo de los últimos años se ha ido acumulando, recalentando y recociendo, ha
aflorado a la superficie de nuestras ciudades, y se ha derramado por calles y
plazas, la Indignación. Y
ha estallado.
Toda España fue un clamor. Y
el eco de ese clamor, levantado el 15 de mayo del 2011, ha asordado caminos,
traspasado fronteras y retumbado por los oídos de las cinco partes del mundo. Un
grito de protesta recorre España. Un grito fuerte, agrandado por las voces
indignadas de hombres y mujeres; de jóvenes y mayores; de septentrionales y
meridionales; de conservadores, de progresistas y de apolíticos.
Convocadas por las llamadas
“redes sociales” que fluyen por Internet, y al margen y por encima de banderías
políticas o ideológicas, cientos de miles de personas tomaron -y acamparon- las
principales plazas públicas de nuestro país para mostrar su indignación contra
los privilegios, los abusos, las corrupciones, las torpezas y las enfermas
connivencias de la clase política.
Una clase política a la que
se percibe autoconstituida en casta privilegiada y abusona, con sus elevados
sueldos, sus altas dietas y sus altísimos retiros de oro; enchufadora de
familiares y camaradas; connivente -o cómplice- con los avariciosos
financieros, con los constructores chorizos y con los dirigentes corruptos; presionadora
y manipuladora de la independencia de la Justicia, a la cual ha contaminado, manchado y
desprestigiado… Casta que, en su desvarío, ha llegado a creerse dueña del
cortijo nacional, cuyas tierras cree poder roturar y desroturar a su antojo y
capricho; que nos ha sumido, por su irresponsabilidad y sus despilfarros, más
hondamente que a otros países, en la peor crisis económica de los últimos
ochenta años, con su tristísima secuela de cinco millones de desempleados.
Los indignados exhiben
eslóganes que, esperanzados e ingeniosos, resumen el sentido de su protesta:
“No hay suficiente pan para tanto chorizo”; “Colorín, colorado: este cuento se
os ha acabado”; “Rebeldes sin casa”; “A mí no me representan”, etc., y piden
una regeneración en profundidad de los sistemas político y financiero del país…
En los últimos años la
desmoralización de los españoles ante las actuaciones de los políticos y el
tremendo descrédito de éstos, se ha reflejado en las serias calas que hace el
Centro de Investigaciones Sociológicas: vemos a la clase política como el
tercer problema nacional; y en una escala de confianza de cero a diez,
otorgamos un 2,8 a
los partidos políticos y un 3,5 al Gobierno… Con eso está todo dicho. De ahí la Indignación que ha
estallado en las calles. Y de ahí la necesidad de una Democracia más real, y de
una profunda regeneración, y de unas reformas estructurales que deben comenzar
por:
Reforma de la Ley Electoral, que introduzca
las listas abiertas. Y que corrija, además, el injusto baremo que permite el
disparate de que en las últimas elecciones generales (2008), Izquierda Unida,
con casi un millón de votos, tenga dos únicos diputados en Madrid, mientras que
los catalanistas de Convergencia y Unión, con doscientos mil votos menos, tengan
nueve diputados más (once)… O que Unión Progreso y Democracia, con trescientos
mil sufragios, obtuviera un solo escaño, en tanto que el Partido Nacionalista
Vasco, con idéntico número de papeletas, sumara seis… Con el agravante de que,
a la postre, esos dieciséis o diecisiete diputados nacionalistas, sobre un
total de trescientos cincuenta, son los que, mediante pactos para sostener en
el gobierno a los partidos mayoritarios, condicionan e imponen sus egoístas e
insolidarias políticas al resto de los españoles.
Supresión del Senado. Es una
cámara superflua e inútil, absolutamente prescindible, que sangra el
Presupuesto en unos diez mil millones de pesetas anuales (casi sesenta millones
de euros).
Eliminación de las
duplicidades provocadas por las Autonomías regionales, con la recuperación y
gestión por el Estado Central de la Educación, la Sanidad, la Hacienda, la Justicia, la Hidrografía, la Policía y el Urbanismo.
Reducción ostensible de la
multitud de Empresas públicas autonómicas, y cierre de las pseudoembajadas regionales
que proliferan en el exterior.
Moralización y transparencia:
Limitar a ocho años los mandatos de todos los gobernantes. Prohibición de que
los cargos públicos acumulen más de un sueldo y más de una función al mismo
tiempo (los hay que son, a la vez, concejales, senadores, presidentes o vocales
de no sé cuántos organismos y empresas públicas o semipúblicas… cobrando por
todo, claro). Que se agraven de forma contundente, a los cargos públicos, las
penas por corrupción, prevaricación y cohecho.
Que, a efectos de jubilación
y cobro de pensiones, se aplique a los señores diputados exactamente el mismo
baremo que al resto de la población: en la actualidad, un trabajador cualquiera
necesita tener cotizados treinta y cinco años, y haber cumplido sesenta y
cinco, para cobrar el cien por cien de la pensión; mientras que a un
parlamentario le basta con tener sesenta años y haber cotizado doce…
Despolitización real de la Justicia.
Consulta, mediante referéndum
nacional, de los grandes asuntos que nos afecten a todos, como debió hacerse
con la introducción de esa estafa del euro, o la aprobación de los Estatutos
regionales llamados de segunda generación, que no pueden considerarse legítimos
sin una consulta a toda la nación.
Mayor y más estrecho control
a la Banca para
impedir atropellos como, entre otros, el que las personas que entregan al banco
su vivienda, al no poder afrontar el pago de la hipoteca, tengan que seguir
pagando el crédito concedido, aun después de quedarse sin la casa.
Y que se ponga coto y no se
permita el descarado latrocinio con que nos atracan en los precios de las
viviendas.
J.
Ch.
Publicado en el diario Ideal. Granada, 31 de
mayo - 2011
